El carácter estatal de una institución no asegura, como creen algunos, un certificado de calidad.

Educación superior técnica estatal

La creación de centros de formación técnica (CFT) al alero de universidades estatales es un proyecto de ley difícil de justificar técnicamente más allá de consideraciones políticas de corto plazo que poco tienen que ver con los desafíos de la educación superior chilena, y en particular de la técnica. Hasta ahora no se ha ofrecido una buena explicación de su necesidad. Por un lado, el proyecto sugiere que existiría una oferta de carreras técnicas insuficientes, pero los antecedentes disponibles, parte de los cuales son incorporados en el propio mensaje que acompaña este proyecto, desmienten esta creencia. Por otro, se podría argumentar, aunque aquí la evidencia es inexistente, que la oferta de estos centros no es apropiada a las realidades regionales. Pero si así fuese, no queda claro por qué los centros estatales tendrían ventajas para ofrecer carreras más pertinentes. Además, es muy posible que este objetivo se pudiese lograr con las instituciones existentes a través de un trabajo coordinado con los distintos actores regionales relevantes a costos bastante más reducidos que los que significa sostener estos centros.

Tampoco puede comprenderse por qué el hecho de que se creen al alero de las universidades estatales los exime del proceso de aseguramiento de la calidad que existe en la actualidad para todas las instituciones de educación superior. Cabe recordar que estas son supervisadas por el Consejo Nacional de Educación, y solo una vez que han alcanzado los estándares apropiados reciben la autonomía. Si bien los CFT estatales deben crearse por ley, a diferencia de las instituciones privadas, no parece que se desprenda de ahí que deban estar eximidos del proceso de licenciamiento. En ese sentido, el riesgo de una oferta mal diseñada está latente. Su carácter estatal no asegura, como creen algunos, un certificado de calidad. En momentos en que se habla de la necesidad de una agenda de cooperación público-privada, es extraño que no se haya elegido este camino para avanzar en ese ámbito. Sobre todo, porque no parece un buen argumento para justificar su creación que exista una previsión mixta en educación escolar y universitaria.

Los riesgos de este modelo son evidentes. Desde luego, las propias universidades estatales podrían considerar a estas instituciones como fuentes de recursos más que de real aporte a la educación superior regional. La falta de capacidades y la necesidad de satisfacer las demandas por pertinencia pueden llevar a un importante gasto de fondos públicos sin mayores impactos. Esas instituciones, una vez creadas, son difíciles de desarticular por los grupos de presión que surgen a su alero. Hay otras prioridades mucho más razonables que esta. Desde luego, lograr una articulación mucho mayor en el sistema de educación superior, de modo que, por ejemplo, una persona con méritos que inicie sus estudios en un CFT pueda, superando las exigencias establecidas, finalizar sus estudios en una universidad, todo ello independientemente de la naturaleza pública o privada de las instituciones.